ÉRASE UNA VEZ…..
Y COMO EN UN CUENTO
FELIZ EN UN PAÍS MARAVILLOSO LLAMADO ESPAÑA, HUBO UN GOBIERNO QUE -ENTRE OTRAS
NO MENOS FABULOSAS MEDIDAS- SE DIO EN PREMIAR A EVASORES FISCALES Y A LADRONES
PÚBLICOS CON EL MISMO CORAJE QUE PERSEGUÍA A EMPLEADOS, FUNCIONARIOS Y
JUBILADOS A LA VOZ DE “HACIENDA SOMOS TODOS”.
ASÍ PREMIÓ A 31.000
EVASORES FISCALES CON SUCULENTOS DESCUENTOS POR SACAR A LA LUZ Y DECLARAR
MILLONES Y MILLONES DE DUDOSA PROCEDENCIA, AL MENOS EN LO QUE HASTA AHORA SE
CONOCE.
Y ese Gobierno
maravilloso, ejemplo de honradez, decretó una amnistía fiscal hecha adrede para
que amigos, conocidos y gentes de nivel que tenían unos dineros escondidos
pudieran quedar del 10 con el Fisco y les resultara bien de precio.
Salió a la palestra un
tal Montoro, Ministro de la cosa, y cual Mortadelo animado desafió a propios y
extraños vendiendo la medida como si fuera la Pócima de Fiearabrás… Solo
pensando en el bien público.
Gentes de variado
pelaje que hoy habitan agradables aposentos de Soto del Real, y otros que están
preparando las maletas a tal destino, se apresuraron a sacar la pasta que
habían trincado de sus madrigueras…
Aquel dinero sucio
sucísimo se convirtió por obra y gracia de un Gobierno amable, pinoccio y
cómplice en relucientes y legales euros de postín. Podéis reíros de las mejores
marcas de lavavajillas.
El personal se quedó
boquiabierto, pero como en este País no protesta ni Dios, que bien lo saben estos
fariseos gobernantes, se fue olvidando poco a poco hasta diluirse en ese
Agujero Negro del olvido al que nos sometemos los españoles con gusto.
Y cuando ya nadie se
acordaba, salió a la prensa una noticia que sorprendió: El Tribunal
Constitucional había declarado “anticonstitucional” aquel decreto-ley. Y es que
hubo unos cuantos aguerridos ciudadanos -de justicia es decir que socialistas-
que metieron a tiempo un recurso contra aquel inicuo e injusto Decreto.
Los motivos que aducía
el alto Tribunal para tal Sentencia hubieran de haber causado vergüenza y sonrojo
a tal ilustre panda de filibusteros que nos gobiernan.
La Sentencia hubiera de
haber obligado a ser copiada cien veces por los Ministros que aprobaron la
medida, y de castigo diez mañanas de rodillas frente a las paredes de Moncloa
con una calabaza en cada mano.
Solo unos cuantos
artículos de prensa haciéndose eco de la Sentencia, pero la gente en la playa
intentando olvidar lo del día anterior.
Así nos va.
Lo más increíble no
para ahí. La sentencia decía que, a pesar de que declaraba a todas luces ilegal
el decreto del Gobierno, quedaban protegidas y firmes las declaraciones hechas
al amparo del mismo.
O sea, que se acababa de
consumar uno de los mayores fraudes hechos al Fisco (los dineros públicos) con
la complicidad de quienes hubieron de haber velado por la Hacienda, esa que
dicen que es de todos.
Por “seguridad jurídica”,
dice el Tribunal Constitucional.
Y todo esto llega a tal
grado de cinismo que se impone una reflexión. Una no, varias:
Primero: Aquellos a los
que la Agencia Tributaria persigue con saña por cuatro maravedís y se les niega
el pago aplazado y se les impone multas y sanciones e intereses de mora por
doquier, ¿no merecen seguridad jurídica?
Segundo: Los Ministros
componentes de ese Consejo de lo mismo que aprobaron la medida por la “puerta
de atrás” hurtando al Congreso sus competencias, ¿no sabían de sobra que era
ilegal? ¿Son tan torpes? ¿Para qué tantos abogados del Estado y para qué tantos
asesores ?
Tercero: Aquí solo cabe dos supuestos: O sabían que
tal artimaña legal era inconstitucional, o no lo sabían.
Cuarto: En ambos
supuestos el mal al erario público está hecho, y muchos miles de millones
hurtados al bien común, en un fraude a todas luces planificado.
Quinto: Si los
Ministros firmantes de ese Decreto defraudador sabían que el mismo era injusto,
contrario a la igualdad y favorecedor de criterios ajenos a los más elementales
principios de la equitativa contribución fiscal, deben ser declarados cómplices
y ser juzgados como reos de un delito contra la Hacienda Pública.
Sexto: Si no lo sabían,
cosa harto extraña con lo listos y preparados que son, cometieron una tremenda
irresponsabilidad con un daño y unos perjuicios al bolsillo de todos los
españoles por la misma cuantía que esos 31.000 declarantes defraudadores se
ahorraron.
Y ahora preguntamos: ¿Cómo y por qué los gobernantes han de
ser eximidos de responsabilidad frente a actos de gobierno claramente
contrarios a la Ley cuando éstos han producido tales enormes perjuicios para
los gobernados?
Séptimo: La última
reflexión es, si cabe, más amarga. ¿Cómo es que nadie ha planteado esto? ¿Cómo
es que todos los que debieran hablar callan? ¿Cómo es que hay tanto borrego en
este amado País nuestro?
Así las cosas… seguid
votando, y balando.
Francisco Albert
14 de junio de 2017
